Sin
duda la noticia de la semana fue la mal llamada reforma a la justicia, pero
acaso se le puede llamar reforma a una canallada como la que pretendieron hacer
doce congresistas a espaldas del país?
En la conciliación de la reforma a la justicia
el asunto no era de argumentos, sino de votos. Una premisa que no supo o quizá
no quiso entender el Gobierno, pese a que algunas voces desde el mismo Congreso
de la República advertían sobre la necesidad de que en las comisiones que se
encargarían de ajustar el texto del proyecto había que tener “amigos”, es
decir, parlamentarios que compartieran las posturas del Ejecutivo frente a
temas sensibles, como la pérdida de investidura o el juzgamiento de altos
funcionarios del Estado, entre otros. Se lo dijeron a Juan Mesa, el secretario
general de Presidencia; a Federico Rengifo, el ministro del Interior, y, por
supuesto, a Juan Carlos Esguerra, el ya renunciado ministro de Justicia.
Era obvio que algo olía mal des del principio,
senadores cuyos casos de investigación por faltas quedarían en manos de
personas no aptas para juzgarlos como debe ser, visos de nulidad por procesos
existentes contra altos funcionarios del gobierno, imposibilitar inhabilidades
a los llamados aforados, incluidos entre estos altos mandos de las fuerzas
militares, embajadores, gobernadores y los mismos congresistas encargados de
promover dicha reforma que para el país significaría quedar de manos atadas
ante la impunidad y la corrupción de los altos funcionarios.
La lección que debemos aprender tras todo el
escándalo desatado por la “reforma” es que tenemos que ser más conscientes a la
hora de elegir a quienes nos representan, escojamos a gente que en verdad luche
por los intereses del pueblo, no por los beneficios personales o lo que puedan
obtener por estar en la “rosca”.
Finalmente quiero resaltar que el gesto del
Presidente de la República al tratar de devolver el proyecto para que el congreso
lo estudie nuevamente fue bueno, aunque sin argumentos de peso y sin
herramientas jurídicas para hacerlo digamos más bien que, fue una cortina de
humo para dilatar su promulgación.
Ahora quedamos en manos de nosotros mismos, de
las acciones populares que podamos tomar para prevenir una hecatombe de
proporciones épicas, promovamos un referéndum revocatorio contra la reforma,
recojamos firmas para llevarlo a cabo, no nos quedemos tan sólo mostrando
nuestra indignación por el asunto, el poder de cambiar las decisiones de los
que nos gobiernan también dependen de nosotros, de nuestro buen juicio y
criterio para así lograr que Colombia tenga una verdadera justicia, no una
reforma sin forma.
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